La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) denuncia la “falta de seguridad jurídica” que supone la aprobación de esta norma

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal de los cuidados a personas mayores y personas en situación de dependencia, exige al gobierno de la Comunidad Valenciana que “dé marcha atrás” el decreto de tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta de AESTE, Natalia Roldán, quien afirma que, para la aprobación de esta norma “no se ha realizado ningún informe sobre la situación actual del sector, ni de las posibles consecuencias económicas para los usuarios”. Añade, además, que “a pesar de que AESTE es uno de los agentes fundamentales en este ámbito, desde las instituciones no se han puesto en contacto con nosotros para conocer nuestra opinión, ni evaluar los efectos de la aplicación de esta norma en los centros y en los usuarios”. Trasladar la responsabilidad de la problemática que puede desencadenar este decreto, desarrollado precipitadamente, a las empresas del sector, “es un acto de irracionalidad de la generadora de este. La propia administración valenciana es la responsable directa de lo que pueda ocurrir”, apuntan desde AESTE.

Este nuevo decreto desarrolla los principios de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, con la pretensión de consolidar un modelo distinto al actual, por lo que se derogan hasta 15 normas hasta ahora vigentes. Entre otras novedades, recoge que se implementen nuevos modelos de convivencia y un número máximo de plazas, más reducido que el actual. Según la Administración, la aplicación de esta nueva normativa supondrá un nuevo estándar de calidad, no obstante, el alcance del mismo debe venir acompañado por su viabilidad económica y técnica. Por otra parte, tal y como afirman desde AESTE, “estas medidas no significan necesariamente un aumento de la calidad de los servicios” y, para la patronal, exige, sin embargo, un aumento considerable de costes y una desprotección frente a un problema fundamental: la falta de plazas en la región.

“Se deben de proteger todas las que hay actualmente y trabajar por aumentarlas”, destaca Natalia Roldán. Por otra parte, añade que “sin la financiación adecuada, los costes añadidos a esta nueva normativa recaerán sobre los usuarios, generando mayor presión para la economía de las familias, que es lo último que ahora necesitan”. Algo que sin duda va en contra de los objetivos comunes, que es que el máximo de dependientes tenga acceso a los recursos sociales.

Un marco de inseguridad jurídica

Desde AESTE aseguran que esta decisión de la Comunidad Valenciana, además, dará lugar a un marco de inseguridad jurídica, puesto que no queda bien definido el periodo de adaptación de los centros ya existentes o del marco jurídico al que deberán someterse aquellos centros cuya adaptación no sea posible, lo que a su vez generará además una gran incertidumbre para el abordaje de proyectos, ya sea en el ámbito residencial o domiciliario. Al mismo tiempo, aseguran, “frenará inversiones que generan puestos de trabajo no deslocalizables”, e incluso “podría derivar en una reducción de plazas en esta comunidad, ya que puede haber un alto riesgo de que desaparezcan actores del sector”.

Otra de las cuestiones que aborda el decreto es la actualización de las ratios de personal, así como la incorporación de nuevas figuras profesionales, lo que sin duda para la Administración se traducirá en un aumento del empleo en la Comunidad Valenciana. En este sentido, la presidenta de AESTE recuerda que precisamente en lo que puede derivar esta normativa  es precisamente en lo contrario, ya que no debe olvidarse que   la falta de profesionales sociosanitarios en nuestro país sigue siendo una cuestión que necesita solución inminente, puesto que más allá de la exigencia de nuevos perfiles , en la actualidad , el sector no cuenta con los profesionales suficientes para abordar la situación actual, ni mucho menos, la futura, por lo que debería también plantearse la urgencia, no sólo de exigir mayor ratio de profesionales sino de proveer al mercado de los profesionales necesarios a través de la agilización de los procesos  “Es urgente agilizar los procesos y periodos para la homologación de titulaciones”.

Desde AESTE, se entiende que la aprobación de este nuevo decreto se ha realizado de una manera apresurada y sin la evaluación de las posibles consecuencias negativas para el sector de los cuidados y por ende para todos los usuarios actuales y futuros de esa comunidad, tal como ha sido también indicado por los informes de entidades como el Consejo Económico y Social, y el Consell Jurídico Consultivo valenciano. Para la patronal, también es primordial el aumento de la calidad de los servicios y la mejora continua, pero de una forma sostenible, y no lo sea a costa de todo el sector.

“En definitiva”, añade Natalia Roldán, “es necesario que se llegue a un acuerdo firme, que garantice la calidad necesaria en los cuidados, que tenga financiación asegurada, visión a largo plazo y que ponga en valor a los profesionales del sector de los cuidados”.

La necesidad de un Pacto de Estado

Por ello, AESTE aboga una vez más por, la necesidad de un Pacto de Estado en políticas de cuidados, que responda a las necesidades del colectivo de personas mayores, un grupo de población que actualmente representa a más del 20% de la ciudadanía estatal, y que es cada vez más creciente. “Es necesario que pongamos definitivamente el modelo de cuidados en el centro de nuestro sistema y que trabajemos para que este sea sostenible ahora y a futuro”, afirma la presidenta de AESTE. “Es la única forma de hacerlo bien”.