Todos recordaremos la época del “milagro económico” de España, creciendo a unos niveles superiores a nuestros vecinos europeos, y asombrando al resto del mundo por los logros de unas políticas liberales que dieron lugar a una falsa sensación de que las clases medias habían ascendido al estatus de nuevos ricos sin saber cómo ni cuándo. Hipotecas que superaban el valor de real de los bienes hipotecados, un vehículo de alta gama por persona en cada casa, viajes de placer a lugares que ni habíamos oído nombrar, y restaurantes galácticos surgiendo por doquier en nuestras ciudades. Una corrupción económica, social y moral de la que todos nos beneficiamos se estaba instalando en España.

De mal fuimos a peor, y posteriormente vimos la negación de la crisis que se nos venía encima, el desmoronamiento del sistema ficticio que se había creado porque nadie nos quería despertar de ese sueño. Las inversiones se ralentizaban, el valor de la vivienda comenzó a desplomarse, los impagos y quiebras se hicieron frecuentes, y como consecuencia se produjo un incremento del desempleo para las familias españolas y una gran desconfianza por parte de esos vecinos europeos que antes nos miraban con envidia y asombro. Por entonces decíamos contar con un sistema bancario que “jugaba en la Champions League” y veíamos brotes verdes donde sólo había tierra calcinada. Destinábamos fondos de los Presupuestos Generales del Estado para acometer obras que no fueran necesarias con el único fin de disfrazar ese subsidio al empleo bajo la fórmula de impulso al sector de la construcción.

Lo que sigue a continuación es bien sabido de todos, tras una época expansiva en la que los gastos superaban a los ingresos, nos tocó aplicar políticas económicas racionales, de control del gasto y recuperar la estabilidad económica con una fórmula tan sencilla como la que aplicamos en cada una de nuestras casas: no gastar más de lo que ingresas. La aplicación de estas políticas de racionalización del gasto, trajo graves consecuencias para la Dependencia, ya que fueron innumerables los recortes que sufrió todo nuestro sector: pensiones, precios públicos para la prestación de servicios, número de prestaciones reconocidas, ralentización de las evaluaciones…

De nuevo, la parte más débil de nuestra sociedad veía con impotencia recortados sus derechos tras toda una vida aportando al Estado, a esa Institución “abstracta” que ahora les negaba el reconocimiento económico y de servicios a que tenían derecho. Y los mayores de nuestra sociedad, aguantaron apretando los dientes, estirando sus pensiones, sus escasas propiedades y sus pocos ahorros para ayudar además a sus hijos, para seguir cuidando de sus nietos y para asimilar en su interior el cambio de modelo social que ha provocado paradojas tales como la contratación de personas que se hagan cargo de nuestros hijos mientras estamos trabajando, la contratación de cuidadores para nuestros padres ante nuestra falta de tiempo e interés, y la compra masiva de mascotas porque nos sentimos solos. Mantenemos relaciones sociales virtuales con personas que se encuentran a miles de kilómetros, mientras que desconocemos el nombre de los vecinos de escalera porque ya no nos cruzamos con ellos. Definitivamente estamos ante un cambio de modelo de sociedad, y es la obligación de todos los agentes de la Atención a la Dependencia, controlar la velocidad y condiciones de este cambio para que los mayores en situación de dependencia puedan recibir la atención de calidad a que tienen derecho, y que lo hagan con el calor humano que todos requerimos cuando estamos en una situación de debilidad.

En esta aproximación que vamos a realizar al sector de la Dependencia, analizaremos las distintas causas demográficas, sociales y económicas que están llevando nuestro Sector hacia un colapso de difícil solución. Tan sólo con un compromiso Político (nótese que la palabra “Político” aparece en mayúsculas para diferenciarla de la política que se realiza de cara a los medios de comunicación o para conseguir un puñado de votantes) entre los principales partidos de España, el impuso de los agentes sociales (patronal y sindicatos), y la vigilancia necesaria de las organizaciones de mayores y think tanks independientes, podremos modificar el rumbo de este Titanic que todos vemos enfilarse hacia el iceberg pero cuyo timón nadie hace virar.

En el libro de Josep de Martí “Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, el autor defiende que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en adelante, LAPAD) nace en 2006 como una Ley “mal diseñada, peor desarrollada y aún peor aplicada”. En el estudio previo de la Ley estaba contemplado atender en siete años a un millón de personas aproximadamente, las cuales aportarían aproximadamente un tercio del coste que iban a recibir. Al cabo de tres años ya se había superado esa cifra de personas dependientes, con niveles de cobertura mayores a los previstos y con una tasa de pago notablemente inferior a la que los creadores de la LAPAD habían considerado. Era por tanto, conocido de todos que algo comenzaba a fallar ya en 2009, pero nadie tuvo el arrojo de proponer un re enfoque para establecer un sistema de valoración homogéneo en toda España (eso supondría la afrenta de reconocer que todos los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos), donde se priorizase la atención a los grandes dependientes, con un sistema de copago que pudiera distinguir entre costes hoteleros y costes de servicios y que fuera un sistema de copago realmente vinculado a la capacidad económica (incluyendo los ingresos y el patrimonio de las personas dependientes). Si ese re enfoque se hubiera formulado hace diez años, puede que el sistema hubiera resultado viable, pero lamentablemente… era más sencillo dar una “patada a seguir” sacándose el problema de encima y dejar que esta situación estallase unos cuantos años más tarde. Pues bien, la mecha cada vez es más corta y nos acercamos al colapso del sistema para los mayores dependientes.

La distribución inicial de los niveles de Dependencia de que se ofrecía en “El Libro Blanco de la Dependencia” en 2004 (2 años antes de la publicación de la LAPAD), era la siguiente:

Alta Dependencia (Grado III) 18 %
Dependencia severa (Grado II) 34 %
Dependencia moderada (Grado I) 48 %

Conforme a los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) del IMSERSO (Datos de Septiembre 2018), nos encontramos con la actual distribución:

Alta Dependencia (Grado III) 29,42 %
Dependencia severa (Grado II) 37,71 %
Dependencia moderada (Grado I) 32,87 %

El Libro Blanco de la Dependencia estimaba que en el año 2005, casi 1.900.000 personas mayores de 65 tendrían algún tipo grado de dependencia, pero dicho Libro Blanco apuntaba en sus previsiones una posible “reducción de la prevalencia de las situaciones de dependencia por grupos de edad, como consecuencia de la mejora de los niveles de salud, la mayor conciencia de la población sobre la conveniencia de desarrollar hábitos saludables y las actuaciones preventivas”.

Según los datos del mes de Septiembre 2018 del SISAAD, en España contamos con 1.749,674 personas solicitantes de algún tipo de prestación, de las cuales ya han sido resueltas 1.611.623, y a 1.280.768 personas se les ha reconocido algún tipo de prestación.

El perfil de las personas beneficiarias coincide con el de una mujer (65% de los casos) mayor de 80 años (54,41 %).
En esta tabla de edad podemos encontrar los porcentajes de prestaciones reconocidas por tramos de edad:

Y si agrupamos el total de las prestaciones reconocidas por el tipo de prestación, nos encontramos con la siguiente distribución a fecha de Septiembre 2018: Así, nos encontramos con que un tercio de las prestaciones reconocidas (31,56 %) son para “Cuidados familiares”, el 17 % son “Servicios de Ayuda a Domicilio”, el 16 % para “Teleasistencia”, y tan sólo el 12,94 % corresponde a servicios de “Atención Residencial”.

Mientras que la “Prestación Económica por Cuidados Familiares” se contemplaba inicialmente en la LAPAD como una medida excepcional, la utilización de esta prestación económica como subsidio encubierto para complementar los ingresos familiares, ha supuesto una práctica perversa que ha negado una atención de calidad a los mayores en la mayoría de los casos, convirtiendo ese derecho a la atención residencial en una “paga” que utilizan las familias de los mayores para cuidarles. No debemos olvidar que el sujeto pasivo que origina el derecho es el mayor dependiente, y el derecho originado es el de recibir una atención de calidad adaptada a sus necesidades sociales y funcionales. La “visión política” de repartir pagas familiares (especialmente en zonas deprimidas económicamente) ha generado una práctica difícil de corregir mientras la gestión económica y de recursos se continúe realizando de forma discrecional por las Comunidades Autónomas, y no con una visión global de Estado donde se igualen los derechos de los mayores independientemente de la provincia en que resida cada uno.

La coordinación necesaria de datos y transferencias de fondos entre las Comunidades Autónomas y el Estado viene siendo un caballo de batalla durante los últimos años. En mi experiencia como miembro del Consejo General del IMSERSO he sido espectador privilegiado de los desencuentros producidos por la aportación de datos por parte de las Comunidades (variando su criterio y voluntad de colaboración en función de si el color del Gobierno de su Comunidad coincidía con el del Estado), así como por la necesaria aportación finalista de los fondos por parte del Estado. Se hace necesario y de forma urgente que los fondos que el Estado aporta para conseguir la cofinanciación del 50 % del gasto en Dependencia, sean finalistas y estén perfectamente identificados. Por un lado a las Comunidades Autónomas no les interesa que se consideren fondos finalistas porque eso les impediría utilizarlos para otros fines distintos a la Dependencia; y por la parte del Estado, tampoco le interesa porque eso pondría de manifiesto que no se cumple con la financiación del 50 % que le corresponde. Comprobará el lector que de nuevo ponemos en cuestión la correcta atención a los mayores dependientes por utilizar criterios políticos (esta vez en minúscula porque ahora sí me refiero a utilización partidista y con la mente en un puñado de votos), en lugar de criterios de atención asistencial y social.

Siguiendo al autor Mariano López de Ayala y Genovés en su “Informe sobre la Dependencia” elaborado en 2018 para CEOE, nos encontramos con el desarrollo normativo autonómico que se ha producido para llevar a efecto la LAPAD, estando “este desarrollo normativo muy ligado a la evolución de la economía española. Así, el impacto de la crisis económica obligó a la introducción de restricciones presupuestarias que, inevitablemente, tendrían repercusión en el campo de la atención a las personas dependientes”.

La introducción de las mal llamadas “cláusulas sociales” por parte de algunas Comunidades Autónomas ha venido a introducir un valor de confusión añadido que no mejora en absoluto la atención a los mayores dependientes. Se vuelve a poner de nuevo el foco en ofrecer una prioridad a las entidades del Tercer Sector sin ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos.

En mi trayectoria profesional todavía no he conocido ninguna entidad que preste servicios profesionales careciendo de ánimo de lucro. Sí he encontrado, no obstante diversas entidades que destinan el lucro obtenido legítimamente a colaborar económicamente con colectivos desfavorecidos (similar a la RSC cada vez más practicada en el mundo empresarial). Siguiendo con este razonamiento, si catalogamos de “entidades no lucrativas” a las innumerables organizaciones religiosas, fundaciones y asociaciones que practican RSC (de ahí la catalogación de “no lucrativas”), podríamos aplicar el mismo concepto a todas las empresas que tengan su propio programa de ayuda a colectivos sociales o desfavorecidos, solicitando al mismo tiempo la catalogación de estas empresas con conciencia social como ONG (stricto sensu las empresas son Organizaciones No Gubernamentales).

Nos enfrentamos pues, a un cambio en el modelo de sociedad que lleva implícito el cambio de modelo de familia y de los cuidados que ofrecemos a nuestros mayores; a un cambio en el modelo de Estado y de normativas aplicables en cada Comunidad Autónoma; a un cambio necesario en el mercado laboral para conseguir atraer y retener a las trabajadoras (el nuestro es un sector eminentemente femenino); y a un cambio de la mentalidad con el que la Administración comienza a observar la pérdida de plazas residenciales al intentar comprar servicios por la mitad de su coste real.

Esta última derivada (la actuación de la Administración como un departamento de compras) consiguió mantener el número de plazas que los proveedores de servicios concertados ponían a su disposición a pesar de haber realizado bajadas en el entorno del 15 y del 20%, pero como cualquier economista aprende al principio de su carrera, una demanda elástica y una oferta inelástica traen consigo un incremento del precio. La Administración cada vez dispone de menos plazas residenciales de calidad en las grandes ciudades, y ello provoca un éxodo hacia la periferia de las ciudades de los mayores dependientes con plaza residencial asignada. En los próximos años veremos de nuevo un incremento de los precios que la Administración fija en los concursos públicos porque es consciente de que sigue pagando por cada plaza residencial aproximadamente el 60% de lo que le cuesta a ella hacer esa gestión directa. No tengo ninguna duda de que en Comunidades Autónomas como la de Madrid, volveremos a ver incrementos del 15 y del 20% para recuperar los precios previos a la crisis en el próximo Acuerdo Marco que se convoque. Haciendo un símil empresarial podríamos decir que los Directores de Servicios Sociales de numerosas Comunidades Autónomas han actuado como Directores de Compras, y que han separado sus departamentos de los Departamentos de Personal, Calidad y Operaciones. Han ahorrado dinero (o en este caso han mantenido el número de plazas ofertadas) a costa de agotar a las empresas, a las trabajadoras, y… la paciencia de los mayores y sus familias.

Con este panorama tan poco esperanzador, mi propuesta parte de la puesta en marcha del Observatorio de la Dependencia, donde patronales y sindicatos podamos analizar la situación del empleo en nuestro sector, definir los criterios de calidad en el empleo y marcar las condiciones que nos conviertan en un sector atractivo para las trabajadoras, y los criterios de actuación que nos permitan ofrecer unos cuidados de la máxima calidad a los mayores dependientes. Esa calidad, tiene un precio, y sería bueno conocer los costes reales de cada plaza gestionada directamente por la Administración en cada Comunidad Autónoma. Es algo que siempre hemos pedido por diversas instituciones (desde todas y cada una de las patronales y sindicatos, los partidos que se encuentran en la oposición, y llegando a figuras tan relevantes como el Defensor del Pueblo).

Pues bien, si ya tenemos los estándares de calidad que queremos aplicar, el modelo de cuidados que vemos necesario implementar (debemos tender hacia una reducción radical de las sujeciones físicas y químicas en centros residenciales), el coste de esos servicios definidos previamente, y la partida económica de que dispone cada Administración autonómica para gestionar plazas residenciales, la disyuntiva que se nos plantea es bien sencilla: reducir el número de plazas manteniendo la partida presupuestaria global destinada a Dependencia, o bien mantener el número de plazas incrementando la partida presupuestaria dedicada a atención residencial. Ahí es donde entra en juego la vocación social de cada Gobierno, ahí sí entra en juego el término Política Social en mayúsculas, haciendo una planificación a varios años vista, y priorizando el destino de los fondos en función de los verdaderos intereses. Sólo si conseguimos caminar en esa dirección, podremos hacer que los mayores tengan la atención de calidad que se merecen, las empleadas de nuestro sector quieran quedarse en el mismo, y que el Sistema de Atención a la Dependencia sea sostenible y viable, evitando el colapso al que nos estamos dirigiendo.

En la parte que nos toca, patronal y sindicatos comenzamos de forma inmediata la reactivación del Observatorio de la Dependencia para identificar la problemática del sector y proponer soluciones por parte de quienes llevan el día a día de la atención a los mayores. Tan sólo nos queda que una vez que pasen estas próximas elecciones autonómicas nos abran la puerta cuando llamemos para sentarnos a hablar, y esperamos que a l@s Polític@s de turno (ahora lo pongo en mayúsculas porque soy un optimista empedernido) les interese hablar de algo más que de dinero, y no tener que escuchar de nuevo esa frase tan fea de… ¿cuánto?

No me resisto a finalizar esta reflexión sobre la necesidad de reorganizar el sector de la Dependencia, sin poner en el centro a los verdaderos protagonistas, a los mayores dependientes, y quiero hacerlo recordando aquellos versos de José Saramago en su “Poema sobre la vejez”

¿Que cuántos años tengo?
-¡Qué importa eso !
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!

JESÚS CUBERO HERRANZ
SECRETARIO GENERAL DE AESTE