• El Partido Popular, así como ERC y PdCat, han presentado respectivas enmiendas para la rebaja del 10 % al 4 % en los PGE de 2022, vetadas por el Gobierno
  • La principal patronal del sector de los cuidados considera discriminatorio que algunas personas mayores tengan que pagar 6 puntos más de IVA por los mismos servicios

Madrid, 17 de noviembre de 2021.- La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) vuelve a reclamar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022 se produzca la equiparación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre las personas mayores que viven en residencias privadas y las que lo hacen en centros públicos.

Por tanto, solicita la modificación, dentro del artículo 91 de la Ley 37/1992 del número 3º del apartado dos.2 con el fin de que todas aquellas personas en situación de dependencia puedan tributar al mismo tipo reducido del 4 %. Esta Ley del IVA, tras la modificación introducida por la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018 estableció en el artículo, número y apartado antes mencionados que el tipo reducido se aplicaría para: “Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias, o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de los dispuesto en la Ley”.

Doble discriminación

Desde AESTE se considera totalmente discriminatorio que una persona mayor que, por ejemplo, vive en la misma residencia, pero ocupando una plaza privada, tenga que pagar un 10 % de IVA, frente a otra que, recibiendo los mismos servicios, paga seis puntos menos por el hecho de haber recibido una plaza pública. Pero no solo es esa diferencia porcentual donde estriba la discriminación por este servicio esencial, sino también en que la persona que recibe servicios de cuidados de titularidad privada paga el total de estos, si bien, en los servicios públicos existe el copago.

Tres partidos políticos, Partido Popular, ERC y PdCat, han presentado enmiendas a los Presupuestos en este sentido, que han sido vetadas por el Gobierno. Las patronales del sector, además, han firmado esta mañana un manifiesto virtual en el que se unen para reclamar lo que, en derecho, pertenece a todas las personas mayores en situación de dependencia.

Jesús Cubero, secretario general de AESTE, ha afirmado que “esta reivindicación vela única y exclusivamente por las personas mayores. Nos resulta muy difícil entender que los partidos políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para modificar este punto de la Ley, tan a todas luces injusto y discriminatorio. Aquí no somos las empresas ni las entidades que ofrecemos servicios cuidados las que sufrimos este doble gravamen, sino las personas mayores necesitadas de esos cuidados, que tienen derecho a este servicio esencial, no deseado, en situación de igualdad”.

“Confiamos que en los próximos días el Gobierno cambie de opinión y levante el veto a estas enmiendas. Si no fuera así y si para defender los derechos de las personas mayores y sus familias tenemos que recurrir a la justicia europea, lo haremos sin dudar”, ha finalizado Cubero.