El verano, la Semana Santa y la navidad son épocas en las que aumentan el número de usuarios y de solicitudes en las residencias de mayores. Durante estas etapas vacacionales, se combinan las estancias temporales comunes de quienes vienen del hospital para recuperarse de una caída o una enfermedad, con los usuarios que permanecen un tiempo mientras sus cuidadores habituales pueden descansar.

Muchos de estos nuevos usuarios realizan sus estancias a través de los programas de respiro familiar en las residencias de mayores, una demanda que ha crecido en los últimos años un 50%. La edad media de los usuarios del programa es de 82 años y la estancia en verano oscila entre los 15 y los 30 días. A través de estos programas, los usuarios temporales perciben una prestación que les permite recibir los servicios de cuidados en centros residenciales pagando una cantidad reducida y soportando estos servicios un IVA del 4%. Sin embargo, muchos de los usuarios que necesitan el servicio y que no cumplen los requisitos para optar a estos programas, deben contratar el servicio de manera privada, afrontando el pago íntegro de los servicios, pero, además, con un IVA aumentado al 10%. Así, estos usuarios temporales se suman a una realidad que afrontan muchas personas que también durante todo el año, haciendo uso del servicio de residencia de manera privada, pagan un IVA superior mientras reciben un
servicio idéntico al resto de usuarios de plazas públicas o concertadas.

Desde 2012, usuarios que contratan los servicios de cuidados de manera privada deben pagar un IVA del 10%, mientras que los mismos servicios tributan al 4% si el origen del servicio es público o concertado, una discriminación que afecta a las personas mayores, a las familias y, de manera muy especial y especialmente injusta, a aquellos que AESTE considera que están en “el limbo” de la dependencia, es decir, las personas que teniendo reconocida la dependencia y tenido asignada la prestación, están sin embargo, a la espera de que se les conceda una plaza de residencia, y se ven en la obligación de contratar los servicios de manera privada.

AESTE lleva mucho tiempo reclamando la equiparación al 4 % del IVA, ya que se están soportando dos tipos de IVA para servicios que son idénticos, en función de quién presta el servicio o quién lo financia, lo que supone, bajo el punto de vista de AESTE, una clara situación de discriminación. Con esta reivindicación AESTE quiere posicionarse al lado de los usuarios y familias que se ven obligadas a asumir este coste añadido del servicio. Enmendar esta situación es parte de las prioridades de la asociación y, por eso, durante el mes de junio, haciéndolo
coincidir con la época de mayor solicitudes de plazas privadas en residencias, AESTE ha trasladado su preocupación a diferentes órganos en los que tienen voz como es el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, donde participamos a través
de CEOE.

Ese mismo mes, durante la Comisión de Servicios Sociales y Sanidad de CEIM, AESTE también trasladó su reivindicación como sector respecto a la necesidad de equiparar el IVA: aplicar el 4 % de IVA a todos los servicios con independencia de quién lo preste o quién lo financie, poniendo de manifiesto el posicionamiento de AESTE. Además, en mayo la asociación se adhirió como firmante e hizo suyo el manifiesto propuesto por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) por la equiparación del IVA en los servicios de atención a la dependencia, animando a todas las personas a firmarlo.

La equiparación del IVA en los servicios de los cuidados supone por tanto, igualar las condiciones de los usuarios, evitar discriminaciones en la prestación de servicios que son iguales, así como despenalizar a las personas que, además de estar a la espera de plaza con el derecho reconocido y verse obligadas a acudir a la oferta privada de servicios, ven cómo tienen que soportar un IVA mayor que otros usuarios que reciben el mismo servicio.