El nuevo Real Decreto sobre el servicio del hogar familiar pone en jaque la estabilidad del sector de Cuidados en el domicilio de las personas más vulnerables: mayores y dependientes

Las asociaciones patronales del sector de los Cuidados que representan a los profesionales que prestan servicios a domicilio manifestamos nuestra profunda preocupación ante la aprobación el pasado miércoles 11 de septiembre del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar donde se recoge una disposición adicional decimotercera, relativa a los Servicios de Ayuda a Domicilio.

Ante la misma, los representantes del sector (AESTE, Asade, CEAPs, FED y Lares) queremos manifestar, en primer lugar, nuestro compromiso absoluto por la protección de todos los derechos de los trabajadores del sector de los cuidados y en concreto con los relativos a la seguridad y salud en el trabajo, como siempre hemos hecho.

Todos los y las profesionales cuentan con los correspondientes Servicios de Prevención propios o mancomunados, con la efectiva vigilancia de la salud a través de sus reconocimientos médicos periódicos, con los adecuados protocolos ante situaciones de riesgo o acoso, con presencia y participación de los Comités y/o delegados de Prevención, con sus equipos de protección individual, entre otros. Todo ello bajo una estrecha colaboración y supervisión de los organismos públicos competentes.

El Gobierno, sin tener en cuenta todo lo anterior y sin contar en ningún caso con el conocimiento y experiencia de los actores del sector, vuelve a promulgar un RD que lejos de solucionar problemas inexistentes, los crea, generando inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y personas usuarias, haciendo colisionar derechos y poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de este.

Desde el sector insistimos, se está mostrando un claro desconocimiento del SAD, ya que en el Real Decreto se mezcla la actividad de personas empleadas del hogar con el profesionalizado y de titularidad pública de la ayuda a domicilio. Creemos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social aprovecha la redacción de un RD de una actividad radicalmente diferente en fondo y forma para incorporar, vía una disposición adicional, un cambio profundo en el sector de los cuidados a las personas más vulnerables. Personas que necesitan de las atenciones de los profesionales del sector para poder afrontar actividades básicas de su vida diaria: aseo, vestido, alimentación o asistencia
personal, por poner algunos ejemplos.

El Gobierno parece querer olvidar que hablamos de un sector público. Con una vaga redacción, hace recaer sobre las empresas que prestan los servicios “… la obligación de adoptar cuantas medidas resultasen necesarias …” así como “… la introducción de las modificaciones en el domicilio (…) que se requieran para garantizar la protección más adecuada…” lo que es inconcebible técnica, económica y operativamente, resultando de imposible cumplimiento. Ante esto, exigimos una adecuada ponderación de los derechos laborales, sociales y de la propiedad.

Por otro lado, pedimos con rotundidad que las voces autorizadas del sector sean escuchadas y tenidas en consideración cuando se legisla en aspectos centrales de la prestación de los cuidados y que el gobierno evite su reiterado intervencionismo e invasión del ámbito de la negociación colectiva. En este sentido, solicitamos coordinación entre los ministerios de Trabajo y Economía Social y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha elaborado una Estrategia Estatal para un nuevo modelo de Cuidados que entra en contradicción con este RD.

Para finalizar reclamamos, una vez más, que cualquier medida que afecte al sector de los cuidados en general y al sector de la ayuda a domicilio en particular, venga acompañado del correspondiente análisis de viabilidad y de una adecuada dotación presupuestaria, permitiendo asimismo la modificación de los contratos que rigen dicha prestación de cuidados mediante una necesaria y justa actualización de precios de los mismos, derogando de manera inmediata la Ley de Desindexación de Precios que rige en los contratos del sector público.