• El Imserso ha presentado el Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales 2025, que alcanza una tasa de respuesta del 92,7%, frente al 84,5% de la edición anterior.
  • AESTE considera que los resultados reflejan un sector comprometido con la transparencia, con la calidad y con la transformación del modelo de cuidados.
  • La patronal confía en que el censo sirva para planificar las plazas que faltan, corregir las desigualdades entre territorios y evidenciar la importancia de la colaboración público-privada.

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), representada por su gerente Susana Valladolid, ha asistido a la presentación del Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales 2025, celebrada en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Madrid. La presentación ha corrido a cargo de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en un acto en el que también ha participado la directora general del Imserso, Mayte Sancho.

Esta segunda edición, con datos de 2025, incorpora por primera vez las viviendas con apoyo y el ámbito de la discapacidad. La participación del 92,7% de las instalaciones activas, frente al 84,5% de la edición de 2022, demuestra la voluntad de los centros residenciales, gestionados en su mayoría por empresas y entidades privadas, de ofrecer información rigurosa sobre su actividad. Disponer de datos homogéneos para todo el territorio es el punto de partida para un debate público informado y para planificar el modelo de cuidados que España va a necesitar en las próximas décadas.

En su intervención, Martínez ha subrayado que esta radiografía del sector “nos permite tener conocimiento de la realidad actual para detectar puntos de mejora”.

La presentación llega, además, en un momento clave para el sistema, tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inversión adicional de 6.200 millones de euros aprobada por el Gobierno para 2026 y 2027.

“Este censo ofrece la fotografía más completa que hemos tenido hasta el momento del sistema residencial, y evidencia el compromiso del sector con una participación muy elevada. Se trata de un instrumento muy relevante en el que el Imserso tendrá que seguir trabajando en aras a la consecución de de una herramienta con solidez plena. Ahora toca que el conocimiento de esos datos sirva para definir políticas eficientes que permitan planificar las plazas que se requieren y financiarlas de acuerdo con lo que realmente cuesta atender bien a las personas”, ha señalado Susana Valladolid, gerente de AESTE.

Colaboración público-privada para transformar el modelo de cuidados

El censo confirma que la atención residencial a las personas mayores en España se sostiene sobre la colaboración público-privada. Las Administraciones confían a empresas y entidades la gestión de una parte relevante de sus propios servicios, y son precisamente los centros públicos gestionados por entidades privadas los que atienden una mayor proporción de personas con un nivel de dependencia de Grado III, el más elevado, un 39,4%. Tal como evidencian los resultados, la colaboración público-privada es básica para ampliar la capacidad asistencial y garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia.

AESTE valora especialmente que esta edición incorpore indicadores de atención centrada en la persona, tarifas, perfil de residente y perfil de modelo. Los resultados muestran que la transformación del modelo ya está en marcha. Seguir avanzando hacia más habitaciones individuales y centros organizados en unidades de convivencia es un objetivo que la patronal comparte y que exige inversión, plazos de adaptación realistas y una financiación pública acorde a las nuevas exigencias.

Plazas que no llegan a quienes las necesitan

El censo sitúa la cobertura en 35,1 plazas residenciales por cada 1.000 personas de 65 años o más, evidenciando una acusada disimilitud territorial entre las CCAA, algo que refleja la realidad del sector. El acceso a una plaza no puede depender del lugar de residencia de cada persona.

Estas diferencias tienen su origen en la fragmentación normativa, en la disparidad presupuestaria entre territorios y en un sistema infrafinanciado, con tarifas públicas que no se actualizan al ritmo de los costes reales. Por eso, AESTE defiende que la planificación vaya acompañada de financiación suficiente, de mecanismos de revisión de precios en la contratación pública y de un modelo que favorezca la libre elección de las personas y sus familias.

Un diagnóstico que debe traducirse en decisiones

Para AESTE, el valor del censo dependerá de su continuidad y del uso que se haga de él. Consolidarlo como una herramienta periódica, con series comparables en el tiempo, permitirá medir la evolución del sistema y orientar las decisiones políticas y de inversión de un sector esencial.

“Los datos muestran un sector comprometido con la calidad y con la transformación del modelo, que necesita estabilidad para seguir avanzando. Necesitamos más plazas financiadas, tarifas que respondan a los costes reales y un acuerdo de Estado que dé estabilidad al sistema durante las próximas décadas”, ha subrayado Josune Méndez, secretaria general de AESTE.