• La norma, publicada este lunes en el BOJA, unifica por primera vez en un solo marco jurídico los requisitos materiales, funcionales y de calidad de los centros y servicios de atención a las personas mayores en Andalucía, y pone fin a la dispersión normativa.
  • AESTE subraya que la implantación de la nueva normativa deberá ser progresiva y garantizar la viabilidad de los centros prestadores del servicio, para acompañar al sector en su adaptación a los nuevos requisitos.

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) valora positivamente la nueva Orden de acreditación publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que regula los requisitos materiales, funcionales y de calidad necesarios para la puesta en funcionamiento y acreditación de los centros y servicios de atención a las personas mayores en Andalucía.

La nueva norma define un único régimen jurídico para todos los centros de la comunidad autónoma, al homogeneizar y agrupar tanto los requisitos arquitectónicos como los de funcionamiento, dentro del proceso de simplificación administrativa emprendido por la Consejería con el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero. La Orden, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación, sustituye así la dispersión normativa existente hasta la fecha por un contexto de seguridad jurídica para el sector.

Más personal de atención directa y unidades de convivencia

En una apuesta por una mejor atención a las personas en situación de dependencia, la normativa materializa además el compromiso de la Consejería con el avance del sector hacia un nuevo modelo de cuidados basado en la atención centrada en la persona y en un elevado nivel de calidad asistencial.

Entre los avances que introduce la Orden, AESTE destaca la aplicación progresiva entre 2026 y 2031 del incremento de la ratio de personal de atención directa; la flexibilización de la contratación del perfil técnico, que permitirá una mayor adaptación de los centros residenciales a los perfiles de las personas que atienden; la organización de los centros en unidades de convivencia; y la garantía de la prestación de la atención sanitaria pública por parte del sistema sanitario público andaluz.

Una implantación progresiva que garantice la viabilidad de los centros

Se trata de una normativa ambiciosa cuya aplicación deberá hacerse de manera progresiva y garantizando la viabilidad de los centros prestadores del servicio ante el impacto que la misma supone, con el objetivo de acompañar al sector en su adaptación a los nuevos requisitos. La propia Orden concede a los centros ya autorizados o acreditados un plazo de doce meses para adecuarse a los requisitos funcionales y de veinticuatro meses para los requisitos materiales, a la vez que introduce un régimen de excepcionalidad que garantizará la continuidad de los servicios.

Por último, desde AESTE agradecen la disposición de la Consejería dentro de un marco de diálogo con las organizaciones empresariales, así como la continuidad del esfuerzo iniciado durante la anterior legislatura en la consecución de un sector que se adapte a las necesidades cambiantes del modelo de cuidados, con la confianza de seguir trabajando de manera conjunta en la aplicación de esta nueva regulación.