Respecto a la mejora de las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia, debemos hacer una valoración positiva de esta medida, ya que, se trata de un sector empresarial de futuro, de una actividad económica donde un alto porcentaje del volumen de negocio se contrata o concierta con las administraciones públicas, a través de fórmulas de colaboración público-privada, pero que, ya desde su creación en 2007 a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, el sistema ha adolecido de financiación insuficiente, que queda demostrada por la constante lista de espera de personas con el derecho subjetivo reconocido pero que no ha recibido la necesaria prestación del servicio (unas 280.000 personas anualmente según datos oficiales del IMSERSO).

 

Los Servicios Sociales tienen un peso del 1,5% del PIB, la mitad respecto al entorno europeo avanzado y lejos del 5% en países nórdicos (OCDE, 2014). Esta insuficiente financiación, con la crisis, se vio agravada en 2012 cuando se eliminó uno de los niveles de financiación estatal (nivel acordado) y se endurecieron los requisitos y condiciones de acceso al sistema, lo que conllevó otra bajada en la efectiva financiación del sistema.

 

Por tanto, la recuperación de esta financiación pérdida en 2012 resulta necesaria para el sostenimiento, crecimiento y evolución del sistema y de este sector económico. Además, su carácter finalista, otra de las históricas reivindicaciones del sector para evitar que partidas que deben ir consignadas a servicios sociales, se desvíen a otros fines. Por todo ello, valoramos positivamente este incremento de recursos, junto a otras medidas que deben ser también puestas en marcha, como la actualización de los precios y tarifas públicos adecuándose a los costes reales de los servicios que se prestan.

 

El sector de la dependencia debe ser entendido como un sector de inversión, no como un sector de gasto (al igual que sucede con otros programas sociales como el de termalismo o vacaciones del IMSERSO). Es un sector económico de alta intensidad en atención y servicios realizados por personas y para personas, es decir, de alta intensidad de trabajo profesional, mayoritariamente femenino y no deslocalizable.

 

Algunos datos emanados de numerosos estudios son:

 

 Empleo:

 

  • Por cada dos plazas residenciales se crea un puesto de trabajo.

 

  • Por cada millón de euros invertido, se generan de 30 a 50 puestos de trabajo, según la región.

 

 Inversión:

 

  • El retorno de la inversión por ingresos fiscales generados por la actividad empresarial y el empleo mediante IRPF, I. Sociedades, Seguridad Social, prestaciones de desempleo menores. Más de la mitad de lo invertido revierte en las arcas públicas vía impositiva, vía cotizaciones y vía menores prestaciones.

 

  • Es un sector con copago por parte del usuario, que también genera ingresos fiscales, vía IVA.

 

En relación con la Recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las familiares que cuidan, dados los antecedentes cuando esta medida estuvo activa en ejercicios anteriores, hacen que, más allá del efecto social, no tienen una incidencia importante en cuanto al fin que persiguen.

 

Hay que tener en cuenta que los cuidadores/as, en un 90%, son mujeres, por lo que con esta nueva medida se insiste de nuevo en la idea de que las mujeres deben ser las cuidadoras de sus familiares en casa a cambio de una cotización que evidentemente la pone en una situación de fragilidad. Esta cotización que nace del vínculo familiar y que hará durante cierto tiempo, no le habilitará para el mercado laboral y no le ofrecerá recursos suficientes (pensiones o prestaciones) para ser autosuficiente.

 

Para la Comisión de Sanidad y Asuntos sociales la solución está en la profesionalización a través de la atención domiciliaria, centros de día, servicios de teleasistencia y atención residencial, entre otros servicios. Esta forma de actuación permite crear empleos dignos con los que se consiga la profesionalización de los trabajadores.

 

Además, debemos recordar, que la Ley y el Sistema de Dependencia, es una ley de servicios, y las prestaciones económicas a los cuidadores informales, es una medida excepcional en defecto de servicios disponibles, por lo que, medidas como ésta, de nuevo, desincentivan el espíritu de la ley. El derecho subjetivo es generado por el mayor dependiente en relación con sus cuidados, y debemos velar porque los cuidados que reciba esa persona dependiente sean de la mayor calidad y prestados por profesionales debidamente formados y acreditados por las Comunidades Autónomas.

 

Asimismo, en el documento suscrito por el Gobierno y el Grupo Unidos Podemos, se ha obviado la inclusión de la aplicación del tipo del 4% de IVA a todos los servicios de atención a la dependencia. Actualmente nos encontramos en una situación con distintos tipos impositivos para los mismos servicios en función de quién sea el pagador de los servicios, o del usuario final que recibe los servicios. Desde CEOE solicitamos una unidad de criterio para que el tipo de IVA aplicable a nuestro sector se unifique, generando un ahorro fiscal importante para todos los usuarios de dichos servicios.

 

Por último, cada vez contamos con una población que requiere una asistencia más sanitaria que social, dentro del famoso ámbito “Sociosanitario” que no acaba de ver la luz. Es por ello por lo que de nuevo debemos velar porque los mayores dependientes reciban la mejor de las atenciones, independientemente de si esa atención se presta en un centro público, privado o concertado. La eficiencia de la gestión privada y la mejor atención prestada en estos centros no permite que se desmonte el actual sistema por una mera cuestión ideológica.