El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presidió el pasado martes la última reunión de la Comisión para el Análisis de la situación de la Dependencia, en la que se puso en común el resultado de los trabajos realizados y que se materializó en un informe que analiza la situación actual de la Ley de Dependencia y los mecanismos de financiación.

En la Comisión participaron también representantes del Ministerio de Hacienda y la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, así como los consejeros o responsables en materia de Servicios Sociales de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Principado de Asturias.

Tras la celebración de la reunión, Garcés destacó “el amplio consenso” alcanzado. “El voto particular emitido por la Generalitat de Cataluña junto a los gobiernos de Aragón, Andalucía y Asturias” será incorporado, señaló Garcés, al informe definitivo que se debatirá en el Consejo Territorial extraordinario que se convocará en las próximas semanas y, a continuación, será remitido al grupo de trabajo sobre financiación autonómica. A pesar de ello, el secretario de Estado subrayó “que hemos aprobado el 95 % del informe”.

Principales conclusiones
Entre las principales conclusiones del informe destaca la necesidad de realizar una revisión de la Ley, que aproveche la experiencia acumulada de su gestión en sus 10 años de vigencia.

En este sentido, el documento contempla proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o en su caso a la adopción de un nuevo sistema de financiación que, además, garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, máxime cuando la Comisión considera necesario una revisión en profundidad de la Ley 39/2006, en base a la experiencia acumulada, con el fin de adaptarla a las demandas de la ciudadanía y, de esta manera, garantizar la sostenibilidad del Sistema.

A este respecto, Garcés aseguró que “contamos con 100 millones de euros que nos ayudarán a mejorar las necesidades del Sistema. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de revisar el modelo de financiación y mejorar las condiciones económicas”. “La financiación no debe utilizarse con fines políticos ni estratégicos”, aseveró.

El informe indica también que en los próximos años se debe avanzar en adecuar los recursos destinados a dependencia a las necesidades generadas en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de envejecimiento de la población y previsible crecimiento del número de personas en situación de dependencia.

Asimismo, el informe presenta la situación actual del Sistema de Dependencia, donde se indica que a 30 de junio de 2017 hay 1.217.355 beneficiarios con derecho, 898.243 con prestación efectiva y 319.092 en lista de espera. Asimismo, destaca que el coste del Sistema de Dependencia a 31 de diciembre de 2016 era de 7.986 millones de euros.

Origen y evolución de la Comisión
La Comisión para el Análisis de la situación de la Dependencia, creada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, está presidida por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario  Garcés, y compuesta por la Administración General del Estado (AGE), representada por Hacienda y por el Imserso, y siete comunidades autónomas, en este caso, los consejeros que tienen atribuidas las competencias en materia de Servicios Sociales de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Principado de Asturias.

Tras nueve reuniones, la primera de ellas el pasado 7 de marzo y la última el 10 de julio, el grupo de trabajo de la Comisión ha elaborado y presentado un informe sobre la situación actual de la Ley de Dependencia y sus áreas de mejora.

En el próximo número del periódico BALANCE SOCIOSANITARIO ampliaremos la información con declaraciones de la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, y con la valoración de diferentes comunidades autónomas.

 

Fuente: www.balancesociosanitario.com