La actual Ley de Desindexación pone en riesgo la viabilidad de algunas empresas del sector de los cuidados
alianzAS, iniciativa que aglutina a nueve organizaciones del sector de los servicios esenciales, ha instado al Gobierno a posibilitar la revisión de precios en los contratos públicos de servicios esenciales.
En un comunicado, alianzAS, del que forma parte la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), expresa su confianza en establecer un diálogo con la Administración Central para actualizar el marco legal que les permita continuar siendo motor económico y social en nuestro país.
Actualmente, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, imposibilita la revisión de precios de una licitación pública, independientemente, en el caso de los servicios esenciales, de los factores que incrementan los costes de toda la cadena de valor. Así, ni la inflación (del 15% en los últimos 3 años) ni hechos tan excepcionales como la guerra en Ucrania o la pandemia, permiten reconsiderar los contratos.
En el caso de la prestación de servicios esenciales por medio de contratación pública, son las empresas adjudicatarias quienes han de asumir el incremento significativo de los costes durante la vigencia de los contratos, derivado de aumentos de costes laborales, impuestos, actualización de los salarios, incremento de IPC, entre otros.
El secretario general de alianzAS, Francisco Javier Sigüenza, subraya que la subida de los costes laborales de los últimos años, así como la actual legislación laboral suponen “un gran riesgo para las empresas adjudicatarias”, que, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar a contratos que habían obtenido o que se están ejecutando.
En esta misma línea, Josune Méndez, secretaria general de AESTE, destaca que la Ley de Desindexación “afecta directamente y de manera muy significativa al sector de los cuidados”, y resalta que el hecho de que no se puedan revisar los contratos “pone al límite a las entidades prestadoras de servicios, que en todo momento y pese a todo, lo que priorizan es mantener intacta la calidad de los cuidados a las personas mayores”.
“Tanto es así“, indica Méndez, “que esta situación hace que muchas entidades prestadoras de servicios de cuidados a personas mayores no puedan permitirse el riesgo de licitar, quedando concursos desiertos o viéndose esta realidad reflejada en una menor inversión”.
Por todo ello, alianzAS reivindica la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos públicos ante cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva, variaciones o alteraciones de los costes de precios regulados por normativa estatal. También ante el aumento de costes laborales una vez la adjudicación ya se está ejecutando.
