En España hay actualmente 1,2 millones de personas con algún grado de dependencia reconocido y con derecho a prestación, de ellas, 945.000 son mayores de 65 años. De todo el personal que trabaja en el sector residencial o ayuda a domicilio, se estima que alrededor del 35% no cuenta con la formación oficial y obligatoria.

El periódico El País publicó este pasado domingo 12 de mayo un artículo en su sección “Extra Formación” recogiendo las declaraciones de Jesús Cubero, Secretario General de AESTE. Lee la entrevista completa  de la periodista Inma Moscardó aquí, en el blog de AESTE.

 

¿Podrías hacer una breve radiografía del sector: Cifras de negocio, empleo…?

 

En primer lugar vamos a indicar que actualmente existen en España 945.496 personas mayores de 65 años que han sido reconocidas como dependientes (el 10,49%), de las cuales 764.244 (el 8,48%) tienen una prestación reconocida. El resto, es decir 250.037 personas tienen reconocida la situación de dependencia, pero no tienen asignada ninguna prestación, siendo 151.801 personas de Grado I, y las 98.236 restantes de Grados II y III.

 

Por Comunidades Autónomas, nos encontramos una gran variación dentro del territorio nacional, variando desde Cataluña, que cuenta con el mayor número de personas reconocidas en situación de dependencia sin que les haya sido asignado ninguna prestación (75.141 personas en situación de espera a que se les asigne una prestación, lo que supone el 32,64% de todas las personas dependientes de Cataluña), hasta Castilla y León, que cuenta tan sólo con 1.471 personas a la espera de recibir una prestación una vez que se les ha reconocido su situación de dependencia – el 1,55% del total de la población dependiente de Castilla y León). Como se puede comprobar, el panorama es muy variado al estar transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas.

 

En España contamos actualmente según el CSIC con 366.217 plazas residenciales autorizadas, que se encuentran repartidas en 5.375 centros residenciales. De estos centros, 1.530 son de titularidad pública -aunque muchos de ellos tengan gestión privada-, y 3.845 son de titularidad y gestión privada. En cuanto al número de plazas, 99.150 son plazas públicas, y 267.067 son plazas de gestión privada. Sobre la suficiencia e insuficiencia de estas plazas, de nuevo nos encontramos con una disparidad importante en función de cada Comunidad Autónoma, variando desde al situación de Murcia (con menor número de plazas para la población mayor de 80 años) hasta la de Castilla y León, donde encontramos el mayor porcentaje de plazas para la población mayor de 80 años. Por supuesto, cada Comunidad Autónoma cuenta con su propia normativa para regular los requisitos mínimos de los centros residenciales para obtener su autorización.

 

En lo que a Centros de Día se refiere, aproximadamente hay 95.000 personas en España que están utilizando este servicio.

Por otro lado, en lo que a ayuda a domicilio se refiere, aproximadamente unas 400.000 personas están siendo atendidas, de las cuales la mitad lo está siendo al amparo de la Ley de Atención a la Dependencia, y la otra mitad lo está haciendo mediante la contratación de “internas” o asistentes personales.

En el ámbito de la Teleasistencia, está prestando servicio aproximadamente a unas 900,000 personas en España.

En el sector de atención a la dependencia, contamos aproximadamente con unos 330.000 trabajadores, de los cuales 170.000 lo hacen en residencias y el resto en servicios sin alojamiento.

 

Podemos hablar de que el mercado del sector residencial alcanza una facturación global en España de 4.500 M€, ofreciendo un empleo a un número cercano a los 170.000 trabajadores, de las cuales 134.500 son gerocultoras.

 

¿Qué formación necesitan este tipo de profesionales y cómo se cualifican? ¿Es diferente en cada CCAA? Certificados de aptitud o acreditación experiencia, ¿cómo es esta formación?

 

Como se ha podido comprobar, en el sector residencial, prácticamente el 80% de la población trabajadora son gerocultoras. A pesar de que su papel es muy desconocido para la sociedad en general, de su buen desempeño depende el bienestar de las personas mayores que atendemos cada día. En el caso de las personas asistidas se encargan de su aseo, de vestirles, de darles de comer, de ayudarles en sus terapias y de conseguir que no pierdan la sonrisa en ningún momento del día. Esta categoría profesional es vital para todos los centros y por ello las empresas asociadas a AESTE (asociación patronal que agrupa a los grandes operadores del sector de atención a la Dependencia) tratan de “cuidar” laboral y personalmente a estos cuidadores. Además, en el caso de las personas con demencia, es necesario saber cómo acercarse a cada uno, y ser conscientes de que detrás de cada persona hay una historia y un carácter previo que nada tiene que ver con el actual. Por eso la paciencia y el corazón que ponen las gerocultoras en cada una de sus acciones, es fundamental. Desde las grandes empresas de atención residencial estamos continuamente seleccionando las mejores gerocultoras para garantizar el éxito en nuestra labor asistencial. Hacemos una apuesta decidida por la calidad y eso se nota en la atención que ofrecemos en nuestros centros.

 

De todo el personal que trabaja en el sector residencial o ayuda a domicilio, se estima que aproximadamente el 35% no cuenta con la formación oficial y obligatoria. Este porcentaje se ve reducido hasta porcentajes del 5% cuando hablamos de las grandes empresas de atención a la dependencia, y se incrementa en las pequeñas empresas con pocos empleados y en localizaciones rurales.

 

El Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a personas Dependientes es obligatorio mediante la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales de Igualdad. Este certificado se puede obtener:

 

1.- Mediante formación oficial, realizando la formación en un centro acreditado por el SEPE o por las Comunidades Autónomas a través de sus Consejerías de Empleo. Tiene una duración de entre 5 y 7 meses, y entre 450 y 600 horas de formación. Se puede acceder a la formación si se cuenta con la ESO o equivalente, o mediante pruebas de competencia clave.

 

2.- Mediante una vía no formal, en convocatorias que las Comunidades Autónomas publican para acreditar a personas con mucha experiencia en el sector sociosaniario. Una vez publicada la convocatoria (depende del criterio de cada Comunidad Autónoma), cada persona interesada debe ir pasando por varias fases: presentar la solicitud, validación de la documentación, asesoramiento, evaluación y obtener finalmente la resolución. A las personas interesadas se les exige al menos 3 años de experiencia, con un mínimo de 2.000 horas de trabajo en los últimos 10 años. Para solicitar el trámite de acreditación, es imprescindible tener nacionalidad española o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en vigor.

 

Por último, el precio tiene grandes variaciones, habiendo encontrado formación en la horquilla de los 350 – 1.000 €.

 

¿Cuáles son las necesidades del sector? ¿Por qué nadie controla que estos profesionales en ejercicio estén capacitados para ejercer una profesión que trata con personas altamente vulnerables? ¿Cree que es un tema político?

 

Como hemos comentado anteriormente, en las grandes empresas contamos con un porcentaje que puede rondar el 5% de personal que todavía no ha conseguido la acreditación, pero este porcentaje sube de forma muy notable en las pequeñas residencias, entidades no profesionalizadas, ONGs y zonas rurales.

 

Se ha intentado controlar en varias ocasiones, pero efectivamente no hay un acuerdo político para que las Comunidades Autónomas ofrezcan los datos de los trabajadores de su ámbito que todavía están pendientes de acreditación y que el SEPE pueda sacar las convocatorias necesarias. Algunas Comunidades Autónomas están realizando sus propios procesos, pero no hay claridad a la hora de aportar los datos. Por ello, y a pesar de que el plazo inicialmente dado para que todas las gerocultoras tuvieran que contar con su certificado de profesionalidad expiraba en diciembre de 2018, el Ministerio de Sanidad de Políticas Sociales tuvo que ampliar de nuevo este plazo ante la imposibilidad de contar con todo el personal acreditado.

 

Afortunadamente se va reduciendo de forma sustancial el número de trabajadoras que no cuenta con el certificado y en una apuesta decidida por la calidad, en los grandes grupos se ha trabajado de una forma más profesionalizada ayudando a que las trabajadoras puedan obtener dichos certificados, y contratando exclusivamente a las trabajadoras que vienen con ese certificado que las habilite según la nueva normativa. Las trabajadoras antiguas que no cuentan con estos certificados, van siendo reemplazadas por las que sí lo tienen, y van quedando relegadas a ocupar puestos en pequeñas residencias y ONGs.

 

Sí, definitivamente es un tema político. A finales de 2018 se vio que era “imposible expulsar del sistema” a todas las trabajadoras que todavía no estaban acreditadas, porque ello supondría dejar sin atención a muchas zonas rurales y pequeñas y medianas residencias. Hay un problema real, y es la falta de empleados en nuestro sector.

 

¿Cuál es el perfil de este tipo de profesionales?

 

Podríamos hablar de un perfil de mujer en su gran mayoría, con una edad superior a los 40 años, con estudios primarios, y como se trata de trabajos que no son deseados por la población española, contamos con gran incidencia de población de otras nacionalidades, y por la facilidad del idioma, especialmente con población de habla hispana.

 

¿Por qué está tan atomizado el sector? ¿Hay negocio para todos?

 

Sí, claramente hay una gran atomización en el sector. Hay tres grandes grupos de empresas operando en nuestro sector:

 

1.- Las 8 grandes empresas del sector, donde se trabaja con plantillas estables, estructuras muy profesionalizadas, protocolos de actuación bien definidos y con estándares de atención a nivel europeo. Suelen disponer de residencias cercanas a las 100 plazas en las zonas urbanas y cuentan con las mejores ubicaciones. Estas 8 empresas tienen prácticamente el 30 por ciento de la facturación de todo el mercado.

 

2.- Pequeñas y medianas empresas, donde encontramos residencias de tamaño medio (50 o menos plazas) y ubicadas en zonas rurales o del extrarradio de las ciudades. Tienen problemas para contar con plantillas profesionalizadas y optimizar la gestión de las mismas. No cuentan con un volumen suficiente para generar economías de escala y por ello no pueden ofrecer la misma calidad que en los centros “más profesionalizados”. Aproximadamente abarcan el 45% de la facturación total del mercado en España.

 

3.- ONGs y organizaciones religiosas, en las que encontramos gran parte de trabajo realizado con voluntariado, estructuras no muy profesionalizadas, y que se nutren de los conciertos de servicios que sacan las distintas administraciones públicas.

 

Obviamente hay cabida para todos, pero con los precios tan bajos que están pagando las administraciones públicas en todas las comunidades autónomas, los grandes grupos ya no quieren participar en los concursos de plazas. Con la crisis, todas las administraciones regionales redujeron sus precios de forma drástica, y ello ha provocado que los grupos residenciales que ofrecen servicios de mayor calidad renuncien a la gestión de plazas públicas y se centren en el mercado privado. Si las administraciones regionales no son conscientes (que lo son) del problema que se les viene encima y de la necesaria actualización de precios que es necesaria, corremos el riesgo de que tengamos cada vez una mayor brecha en la calidad de la atención residencial: la de los particulares que pueda financiar una plaza de forma privada, y la de las plazas públicas a las que acabarán optando las residencias que estén peor ubicadas y con menos oferta de servicios.

 

Por eso, y como cierre, la solución que proponemos es que se incremente el número de PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio), es decir, que se pueda facilitar a las personas en situación de dependencia un recurso económico para que cada persona pueda contratar el servicio donde mejor considere, respetando la libertad del ciudadano, y pudiendo complementar dicha cuantía con sus propios recursos si es el caso.

 

 

AESTE es la asociación patronal que agrupa a los grandes operadores privados de servicios residenciales, teleasistencia y de ayuda a domicilio de nuestro país. Cuenta con un volumen agregado de 380 Residencias y 45.000 plazas residenciales, 160 Centros de Día y 8.000 plazas de Centro de Día, 42.000 usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio y 50.000 usuarios del servicio de Teleasistencia.

Las 8 empresas que en la actualidad forman parte de AESTE (Amavir, Ballesol, Caser Residencial, Eulen Sociosanitarios, DomusVi, Ilunion Sociosanitario, Orpea Ibérica y Sanitas Mayores) cuentan con un volumen de 42.000 trabajadores y una facturación anual de 1.300 millones de euros, lo que supone más del 25 % de la facturación del sector, y un porcentaje superior al 15 % de las plazas residenciales privadas en España.

 

Jesús Cubero, Secretario General de AESTE.